La pesca ilegal en Colombia
En lo que va del 2016, más de seis operativos de la Armada
Nacional contra la pesca ilegal en las fronteras del país develaron un panorama
de degradación ambiental que pone en riesgo importantes áreas marinas
protegidas y que eleva la preocupación de las autoridades por este delito.
Operaciones en Bahía Solano, en Chocó; en la reserva
marina de Seaflower, en el archipiélago de San Andrés y Providencia; en el
santuario de Flora y Fauna de Malpelo, en Valle del Cauca, e incluso en la
frontera con Ecuador, dieron como resultado el decomiso de cerca de 2.564 kilos
de pesca ilegal, a corte de febrero de este año.Esta cifra, lograda solo en dos
meses, equivale a más del 20 por ciento de lo que la Armada decomisó en todo el
2015, cuando se incautaron 12.542 kilos de pescado.Aunque las autoridades
insisten en que no hay señales que indiquen un aumento en los casos, sí hay una
alerta por los métodos que utilizan los pescadores ilegales, y por eso mismo
este año se han hecho más esfuerzos en el control de la pesca en nuestros
mares, según explicó el almirante Leonardo Santamaría Gaitán, comandante de la
Armada Nacional.Los pescadores ilegales, según la Armada Nacional, provienen de
países vecinos, principalmente de Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Ecuador.
El oficial asegura que de cien casos que se puedan
registrar de violación a las normas de pesca, en un 90 por ciento los
responsables son extranjeros, que traspasan ilegalmente las fronteras y no
respetan los tamaños de pesca de ciertas especies.
Atrapan de todo
En la región Pacífica es frecuente encontrar a los
pescadores ilegales con los palangres, que son líneas con decenas de anzuelos,
donde no se hace pesca selectiva, sino que se atrapa todo lo que cae en la red.
“En la zona insular hay una cultura más depredadora: hay
uso de tanques de buceo por parte de los pescadores para atrapar más peces y no
hay control de tamaños de las especies”, explica Santamaría.
Las autoridades consideran que los responsables de esta
problemática son operadores de pesca de mediana escala, que trabajan con buques
en los que se pueden albergar más de 70 pescadores. Estos buques terminan
entregando sus mercancías en puertos de otros países, donde no hay mayor
control sobre la procedencia de los productos.
“Descargan a más de 40 personas que bucean en la zona,
toman las langostas y los recursos, y dejan absolutamente convertido en un
desierto el lugar”, explica el contraalmirante Juan Manuel Soltau, secretario
ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano (CCO).
Camilo Bernardo García, experto en especies marinas y
profesor del Departamento de Biología de la Universidad Nacional, señala que
estos asaltos a ecosistemas tan vulnerables como los marinos pueden llevar
rápidamente al colapso de una población de especies.“Eso depende de la biología
de cada una; hay unas que tienen tasas de reproducción muy altas, como los
camarones, pero otras, como las langostas, no se comportan de esa manera”,
advierte García.
El experto en especies marinas señala que otro de los
impactos ambientales es el disturbio físico directo que se da con el
levantamiento de la arena y que puede llegar a cubrir los corales e impedirles
su desarrollo.
La amplia extensión de la frontera marítima –con una
superficie aproximada de 928.660 km²– y las dificultades para encontrar los
buques dentro de los límites colombianos cuando hacen pesca ilegal son factores
que entorpecen el combate de este delito.
Sin embargo, según Santamaría formalmente tampoco existe
una cooperación de inteligencia con los países vecinos, aunque en algunas
operaciones se pueden apoyar en el intercambio de información.
César Díaz, gerente de Incidencia Política de la fundación
Mar Viva, asegura que falta voluntad política para la aplicación de la
normativa internacional, como las medidas del Estado rector del puerto. Se
trata de requisitos que los barcos pesqueros extranjeros deben cumplir, o a los
que están sujetos, como condición para usar los puertos de dichos país.
Según Díaz, tales medidas pueden desalentar la pesca
ilegal, porque le daría mayor control a lo que se captura del producto
pesquero.
Finalmente, el secretario ejecutivo de la CCO asegura que
los resultados de los operativos de los últimos meses “se vuelven emblemáticos
en momentos en que tramitamos una ley de pesca ilegal marítima ante el
Congreso, que busca incrementar las penas, que da autorizaciones a las
autoridades administrativas para aumentar las multas y a las penales para subir
las condenas”.
Tiburones de Malpelo, en constante peligro
Desde hace 10 años, cuando el Santuario de Fauna y Flora
de Malpelo, ubicado a 490 kilómetros del puerto de Buenaventura, fue declarado
Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco (2006), se prohibió la pesca
ilegal en esta área. Sin embargo, esta reserva del mundo sigue siendo vulnerada
por este crimen.
En su último operativo, la Armada capturó a cuatro hombres
de Costa Rica quienes pescaban tiburones grises, atún, pardo y diferentes
especies de pescado blanco.
El tiburón gris, al igual que el martillo, son las
especies más vulnerables a este delito por la técnica de captura conocida como
el aleteo, que consiste en desprender las aletas de los peces para venderlas en
mercados internacionales, como los asiáticos, según cuenta César Díaz de la
Fundación Mar Viva.
Camilo García, experto de la Universidad Nacional, señala
que los tiburones tienen una biología muy susceptible.
“Son animales que crecen despacio, se reproducen poco,
llevan una vida muy tranquila y viven largo tiempo”, lo que hace a su población
más vulnerable a desaparecer si se sigue dando su captura ilegal.
García señala que el santuario de Malpelo, al igual que
otras reservas marinas, al tener como propósito proteger a la biomasa de peces,
permite que efectivamente existan concentraciones de animales, lo que las hace
atractivas para los pescadores ilegales.
De acuerdo con información de la Fundación Malpelo, esta
isla “actúa como un oasis en medio del desierto oceánico para una gran cantidad
de especies”, porque, precisamente, conserva el alimento necesario para que
allí puedan habitar.
Daños a la reserva Seaflower
Andrés Vásquez Villegas, comandante del Comando Específico
de San Andrés y Providencia de la Armada Nacional, explica que una de las áreas
más afectadas por la pesca ilegal en esta zona del Caribe colombiano es cayo
Bajo Nuevo, que tiene las áreas coralinas mejor desarrolladas y que está a 240
millas náuticas de San Andrés, una distancia que toma varias horas en recorrer.
El daño a esta reserva es preocupante por su alta
biodiversidad. Según el Invemar, la Seaflower alberga el 77 por ciento de las
áreas coralinas someras de Colombia.
Informes de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza calcula que estos arrecifes coralinos ocupan cerca del 5 por
ciento del mar Caribe, lo que los cataloga como parte de los puntos calientes
de arrecifes para la región.
A mediados de febrero, la Armada incautó cerca de 700
kilos de pesca que fueron extraídos de la reserva de la biósfera Seaflower y
que eran transportados en el pesquero Doña Emilia, en el que estaban 35
pescadores procedentes de Nicaragua.
En esa embarcación se encontraron cerca de 69 tanques de
buceo.
En total, las autoridades colombianas deportaron al país
vecino 108 pescadores, muchos de los cuales habían sido abandonados por los
pesqueros nodrizas en pleno operativo.
Dejar en alta mar a los pescadores es una de las prácticas
más comunes entre los capitanes de los buques extranjeros.
Esto sucede –explica el almirante Leonardo Santamaría–
porque la responsabilidad penal recae sobre el capitán del buque; entonces, es
él quien se da a la fuga sin importarle que los pescadores sigan en el agua
cuando llegan las autoridades.
El flagelo también se vive en la frontera con Ecuador
Además de las incautaciones en el Caribe, reportes de este
año de las autoridades también señalan que en el Pacífico sur del país se han
dado casos de pesca ilegal.
Uno de ellos afectó la zona marítima fronteriza con el
vecino país de Ecuador.
En cercanías a Candelilla de la Mar, en el extremo sur de
Nariño, la Unidad de Guardacostas de la Armada Nacional se incautó, a finales
de febrero, 1.835 kilos de atún que eran transportados por un colombiano y un
ecuatoriano, a bordo de un buque que se dirigía a la provincia de Esmeraldas,
en el vecino país. Otro de los casos se presentó a comienzos de marzo pasado,
en áreas del Parque Nacional Natural Utría, zona cercana al municipio de Bahía
Solano (Chocó), donde la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap)
constató la pesca de 70 toneladas, que se había realizado en zona protegida y
que transportaba la embarcación Cabo de Hornos.
TOMADO:LAURA BETANCUR ALARCÓN
Redactora
de EL TIEMPO
Escríbanos a laubet@eltiempo.com. En
Twitter: @ElTiempoVerde
